CORONAVIRUS (III)

Resumen de las varias de las medidas (las que hemos considerado más importantes para el desarrollo de nuestro trabajo desde el despacho a los efectos de clientes) recogidas en el Real Decreto Ley 8-2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19:

Derecho de adaptación del horario y reducción de jornada (Art 6)

Se establecen medidas para favorecer la conciliación laboral, mediante el derecho de los trabajadores por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado a personas dependientes por las circunstancias excepcionales relacionadas con la prevención de la extensión del COVID-19 a acceder a la adaptación o reducción de su jornada, con la consiguiente disminución proporcional del salario.

Resulta imprescindible evitar la aplicación de sanciones por falta de asistencia de la persona trabajadora al trabajo ante la necesidad de atender al cuidado de personas a su cargo, multiplicadas en la situación actual ante el cierre de diversos establecimientos públicos o concertados, como centros escolares, residencias de mayores o centros de día.

Resulta obligado, por tanto, configurar las garantías necesarias para que las personas que se vean en la situación referida puedan atender a sus obligaciones personales de cuidado sin verse afectadas negativamente en el ámbito laboral.

Esta situación beneficiosa para la persona trabajadora es consecuente con el hecho de que no va a percibir retribución ni prestación alguna durante la situación de emergencia. Ello implica que tenderá a solicitar preferentemente la adaptación de la jornada, que le permite mantener el trabajo y su retribución, o reducciones de intensidad baja a efectos de perder la mínima cuantía retributiva posible.

Las personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado respecto del cónyuge (o pareja de hecho), así como respecto de los familiares hasta el segundo grado, tendrán derecho a acceder a la adaptación de su jornada y/o a la reducción de la misma cuando concurran circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones necesarias para evitar la transmisión comunitaria del COVID-19.

Se entenderá que concurren dichas circunstancias excepcionales cuando sea necesaria la presencia del trabajador para la atención de alguna de los familiares indicadas previamente que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, necesite de cuidado personal, y directo como consecuencia directa del COVID-19.

Se considerarán circunstancias excepcionales cuando existan decisiones adoptadas por el Gobierno relacionadas con el virus que impliquen cierre de colegios, o cualquier centro de otra naturaleza que ofrecieran cuidado y atención a la persona necesitadas de los mismos.

Se considerarán circunstancias excepcionales, cuando la persona que hasta el momento se hubiera encargado del cuidado directo del familiar necesitado no pudiera seguir haciéndolo por causas justificadas relacionadas con el virus.

Este derecho constituye un derecho individual de cada uno de los familiares directos que parte del principio del reparto corresponsable de las obligaciones de cuidado del familiar necesitado, pero que a su vez debe ser justificado a la empresa, particularmente en caso de que sean varias las personas trabajadoras que se vean obligadas a acceder al mismo.

Los conflictos que pudieran generarse por la aplicación del presente artículo serán resueltos por la jurisdicción social a través del procedimiento establecido en el artículo 139 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

La reducción de jornada especial deberá ser comunicada a la empresa con 24 horas de antelación, y podrá alcanzar el 100% de la jornada si resultare necesario. En caso de reducciones de jornada que lleguen al 100%, el derecho del trabajador deberá estar justificado, y ser razonable y proporcionado en relación a la situación concreta de cada empresa.

En el caso de que la persona trabajadora se encontrara disfrutando ya de una adaptación de su jornada por conciliación, o de reducción de jornada por cuidado de hijos o familiares, o de alguno de los derechos de conciliación previstos, podrá renunciar temporalmente a él o tendrá derecho a que se modifiquen los términos de su disfrute siempre que concurran las circunstancias excepcionales previstas en este RD, debiendo la solicitud limitarse al periodo excepcional de duración de la crisis sanitaria por el virus, y acomodarse a las necesidades concretas de cuidado que debe dispensar la persona trabajadora, debidamente acreditadas, así como a las necesidades de organización de la empresa, presumiéndose que la solicitud está justificada, es razonable y proporcionada salvo prueba en contrario

Prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados por declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (Art 17)

Con carácter excepcional y vigencia limitada a un mes, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (declaración del Estado de Alarma), o hasta el último día del mes en que finalice dicho estado de alarma, de prolongarse éste durante más de un mes, los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyas actividades queden suspendidas, o cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida en al menos un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, tendrán derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad que se regula en este artículo.

Requisitos:

a) Estar de alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma, en el Régimen Especial de Autónomos o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

b) En el supuesto de que la actividad no esté directamente suspendida, se deberá acreditar la reducción de su facturación en, al menos, un 75% en relación con la efectuada en el semestre anterior.

c) Deberá hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, la Admon. ofrecerá al pago al autónomo para que en el plazo de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.

La cuantía de la prestación se determinará aplicando el 70% a la base reguladora. Cuando no se acredite el período mínimo de cotización para tener derecho a la prestación, la cuantía de la prestación será equivalente al 70 por ciento de la base mínima de cotización.

Esta prestación extraordinaria por cese de actividad tendrá una duración de un mes, ampliándose, en su caso, hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma, en el supuesto de que este se prorrogue y tenga una duración superior al mes.

El tiempo de su percepción se entenderá como cotizado y no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.

La percepción será incompatible con cualquier otra prestación del sistema de Seguridad Social.

La gestión de esta prestación corresponderá a las entidades a las que se refiere el artículo 346 del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual + Artículo 8. Ámbito de aplicación de la moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual (Art. 7 y ss).

La atención de todas las personas en condiciones de vulnerabilidad es una de las prioridades estratégicas del Gobierno y en las actuales circunstancias deben ser un colectivo especialmente protegido.

Por ello es de especial importancia garantizar el derecho a la vivienda a los deudores hipotecarios en situación de especial vulnerabilidad que vean reducir sus ingresos como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19. Anteriormente ya se habían establecido medidas de protección a los deudores hipotecarios.

La experiencia acumulada tras la crisis financiera de 2008 aconseja ampliar significativamente la protección a este colectivo para que puedan acceder a una moratoria en el pago de sus hipotecas y evitar la pérdida de sus viviendas.

Adicionalmente, esta medida también beneficia a las entidades financieras en la medida que ayuda a contener la morosidad en una situación extraordinaria, como la actual.

El presente real decreto-ley adopta una medida de carácter urgente dirigida a asegurar la protección de los deudores hipotecarios en situación de vulnerabilidad tras la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Se establecen medidas conducentes a procurar la moratoria de la deuda hipotecaria para la adquisición de la vivienda habitual de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago como consecuencia de la crisis del COVID-19.

Las medidas previstas en este real decreto-ley para la moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual se aplicarán a los contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria cuyo deudor o avalistas se encuentre en los supuestos de vulnerabilidad económica establecidos en el artículo 9 de este real decreto-ley y que estén vigentes a la fecha de entrada en vigor.

Definición de la situación de vulnerabilidad económica:

  1. Los supuestos de vulnerabilidad económica quedan definidos con el siguiente tenor:

a) Que el deudor hipotecario pase a estar en desempleo. En caso de ser empresario o profesional, que sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial de sus ventas.

b) Que el conjunto de los ingresos familiares no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria ciertos límites establecidos legalmente:Con carácter general, tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual.

    • Con carácter general, tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual.
    • Se incrementará en 0,1 veces por cada hijo a cargo en la unidad familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental.
    • Se incrementará en 0,1 veces por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.
    • El límite previsto con carácter general no será tres veces sino cuatro veces, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo, en caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral.

c) Que la cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba la unidad familiar.

d) Que, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda, en los términos siguientes:

    • Cuando la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3.
    • Cuando se produzca una caída sustancial de las ventas y esta caída sea al menos del 40%.

A los efectos de acreditar las condiciones de cada persona de forma subjetiva, el deudor presentará los siguientes documentos a la entidad acreedora:

a) En caso de situación legal de desempleo, mediante certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.

b) En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.

c) Número de personas que habitan la vivienda (Libro de familia, documento de pareja de hecho, Certificado de empadronamiento con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente).

d) Titularidad de los bienes (Nota simple, Escrituras de compraventa y préstamo).

e) Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes según este real decreto-ley

Los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación de este real decreto-ley podrán solicitar del acreedor, hasta quince días después del fin de la vigencia del presente real decreto-ley, una moratoria en el pago del préstamo con garantía hipotecaria para la adquisición de su vivienda habitual, y la entidad acreedora procederá a su implementación en un plazo máximo de 15 días.

Conllevará la suspensión de la deuda hipotecaria y la entidad acreedora no podrá exigir el pago de la cuota hipotecaria, ni de ninguno de los conceptos que la integran (capital ni intereses), ni íntegramente, ni en un porcentaje durante el plazo estipulado y la inaplicación durante su vigencia la cláusula de vencimiento anticipado, ni intereses moratorios.

Interrupción del plazo para la devolución de productos durante vigencia del estado de alarma (Art 21).

Dado que el derecho de desistimiento de los consumidores respecto de productos adquiridos suele estar sujeto a un límite temporal, se deben interrumpir los plazos de devolución para garantizar que puedan ejercerlo sin contravenir el Real Decreto 463/2020.

Durante la vigencia del Estado de Alarma o sus posibles prórrogas, se interrumpen los plazos para la devolución de los productos comprados por cualquier modalidad, bien presencial bien on-line.

El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma o, en su caso, las prórrogas del mismo.

Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor (Art 22 y ss).

Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales, restricciones en el transporte público, movilidad de las personas o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, y que queden debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan del artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015.

En estos supuestos y circunstancias descritas en los que la empresa decida la suspensión de contratos, o la reducción temporal de la jornada de trabajo, se aplicarán los siguientes procedimientos:

La empresa comunicará su solicitud a la autoridad laboral, y acompañará un informe relativo de fuerza mayor que acredite la pérdida de actividad como consecuencia del virus como causa motivadora de suspensión de los contratos, o de la reducción de jornada.

La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora, deberá ser constatada por la autoridad laboral.

Así mismo, la empresa deberá comunicar su solicitud a las personas trabajadoras y trasladar el informe anterior y la documentación acreditativa.

La resolución de la autoridad laboral así como el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será potestativa para la autoridad laboral, se evacuarán en el plazo improrrogable de cinco días desde la solicitud.

En el supuesto de que no exista representación legal de las personas trabajadoras, los sindicatos más representativos del sector al que pertenezca la empresa constituirá la comisión representativa de aquellas para la negociación del periodo de consultas.

En caso de no conformarse esta representación, la comisión estará integrada por tres trabajadores de la propia empresa, elegidos conforme a lo recogido en el Estatuto de los Trabajadores (Art 41.4).

En cualquier caso, la comisión representativa deberá estar constituida en el plazo improrrogable de 5 días.

El periodo de consultas entre la empresa y la representación de las personas trabajadoras no deberá exceder del plazo máximo de siete días.

Cuando la empresa, a 29 de febrero de 2020, tuviera menos de 50 trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social exonerará a la empresa del pago del 100% de las cuotas empresariales previstas prevista en la Ley General de la Seguridad Social mientras dure el período de suspensión de contratos o reducción de jornada en los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada autorizados en base a fuerza mayor temporal, previa comunicación de la identificación de los trabajadores y período de la suspensión o reducción de jornada, y siempre que se comprometa a mantener el empleo.

Si la empresa tuviera 50 trabajadores o más, en situación de alta en la Seguridad Social, la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75 % de la aportación empresarial.

A efectos del control de la exoneración de cuotas, será suficiente la verificación de que el Servicio Público de Empleo Estatal proceda al reconocimiento de la correspondiente prestación por desempleo por el período de que se trate.

Dicha exoneración no tendrá efectos para la persona trabajadora, manteniéndose la consideración de dicho período como efectivamente cotizado a todos los efectos.

Las medidas serán aplicables a las personas trabajadoras afectadas tanto si en el momento de la adopción de la decisión empresarial tuvieran suspendido un derecho anterior a prestación o subsidio por desempleo, como si careciesen del período mínimo de ocupación cotizada para causar derecho a prestación contributiva.

La duración de la prestación se extenderá hasta la finalización del período de suspensión del contrato de trabajo o de reducción temporal de la jornada de trabajo.

El Servicio Público de Empleo Estatal y, en su caso, el Instituto Social de la Marina, adoptarán las siguientes medidas:

  • El reconocimiento del derecho a la prestación contributiva por desempleo a las personas trabajadoras afectadas, aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello.
  • No computar el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos

Suspensión de plazos en el ámbito tributario (Art 33 y ss).

En atención a las dificultades que la situación excepcional generada por el COVID-19 puede entrañar para los obligados tributarios en orden a cumplir ciertas obligaciones tributarias y trámites en procedimientos de carácter tributario, fundamentalmente para atender requerimientos y formular alegaciones en plazo en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores tributarios y algunos de revisión en materia tributaria, resulta aconsejable flexibilizar los plazos con los que cuenta el contribuyente para favorecer su derecho a alegar y probar y facilitar el cumplimiento del deber de colaborar con la Administración Tributaria del Estado y de aportar los documentos, datos e información de trascendencia tributaria de que se trate. A tal efecto, se ha tenido en cuenta lo dispuesto sobre suspensión de plazos administrativos para el ámbito de los procedimientos de entidades del sector público a que se refiere la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 20 de marzo, de declaración del estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, si bien con un ámbito especial y más concreto, el de ciertos procedimientos tributarios, y con un horizonte temporal a favor del obligado que puede superar el de vigencia inicial del estado de alarma.

Por esta misma razón, en aras de facilitar el pago de las deudas tributarias, se flexibilizan los plazos para el pago, tanto en período voluntario como en período ejecutivo, así como el pago derivado de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento

Los plazos de pago de la deuda tributaria previstos en la Ley General Tributaria 58/2003, vencimientos, aplazamientos y fraccionamientos concedidos, los plazos relacionados con subastas y adjudicación de bienes, y los plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia tributaria, para formular alegaciones ante actos de apertura o de audiencia, dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación, que no hayan concluido a la entrada en vigor de este real decreto-ley, se ampliarán hasta el 30 de abril de 2020.

Adicionalmente, no se procederá a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el día 30 de abril de 2020.

El plazo para interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas frente a actos tributarios, así como para recurrir en vía administrativa las resoluciones dictadas en los procedimientos económico-administrativos, no se iniciará hasta concluido dicho período, o hasta que se haya producido la notificación en los términos de la Ley 58/2003.

Las medidas tributarias del Real Decreto ley 8/2020 son las siguientes:

  1. Plazos de pago de deudas liquidadas por la Administración y de pago de deudas tributarias en apremio:

Si no han concluido hoy, 18 de marzo, se amplían hasta el próximo 30 de abril. Estos plazos, que comienzan a computarse desde la fecha de la notificación, finalizan dependiendo de que aquella se haya realizado en la primera o segunda quincena del mes.

Cuando se comuniquen a partir de hoy, 18 de marzo, se extienden hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el plazo otorgado sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación

a) Por ejemplo, en el caso de una deuda liquidada y notificada el 14 de febrero, esta vencería el 20 de marzo, pero se podrá pagar hasta el 30 de abril

b) Si la notificación de la deuda se recibiera mañana, 19 de marzo, el término del plazo sería el 20 de mayo, en lugar del día 5 de ese mayo como ocurriría sin la medida extraordinaria.

  1. Vencimiento de plazos de los acuerdos de aplazamientos y fraccionamientos concedidos:

Se amplían hasta el próximo 30 de abril cuando no hayan vencido el 18 de marzo.

Cuando estos plazos se comuniquen a partir de hoy, 18 de marzo, se extienden hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.

a) Por ejemplo, un plazo de pago de un aplazamiento concedido en 2019, que vence el día 20 de marzo, se puede pagar hasta el 30 de abril.

b) Si el aplazamiento se concede el 20 de marzo, y el primer plazo vence el 15 de abril, se podrá pagar hasta el 20 de mayo. Si el plazo venciera el 3 de junio, esa será la fecha máxima para pagarlo.

  1. Vencimiento de plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes:

Si no se han cumplido a día de hoy, 18 de marzo, se amplían hasta el próximo 30 de abril.

Cuando estos plazos se comuniquen a partir de hoy, 18 de marzo, se extienden hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.

  1. Plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia tributaria, para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en procedimientos de aplicación de tributos, sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación:

Si no han concluido hoy, 18 de marzo, se amplían hasta el próximo 30 de abril.

Cuando estos plazos se comuniquen a partir de hoy, 18 de marzo, se extienden hasta el 20 de mayo de 2020 salvo que el plazo sea mayor.

Existe la posibilidad de atender el trámite en el plazo habitual, en cuyo caso se considerará evacuado.

Si el plazo para formular alegaciones a una propuesta de liquidación termina el 20 de marzo, las alegaciones se podrán presentar hasta el 30 de abril.

Si se notifica la propuesta de liquidación el 20 de marzo, y se dan 15 días para formular alegaciones, el plazo para presentarlas finaliza el 20 de mayo.

  1. Ejecución de garantías en el procedimiento de apremio:

No se procederá a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles desde hoy, 18 de marzo, hasta el día 30 de abril de 2020.

El período comprendido desde el 18 de marzo hasta el 30 de abril de 2020 no computará. Con esta medida, se blinda a la AEAT en ese período, en el que su inactividad no tendrá efectos, aunque puede continuar realizando trámites.

Igualmente durante ese tiempo no corre el plazo de prescripción para solicitar una rectificación de autoliquidación, o la devolución por ingresos indebidos

  1. Notificaciones y prescripción en procedimientos de reposición y económico-administrativos:

Se entenderán notificadas las resoluciones que les pongan fin cuando se acredite un intento de notificación de la resolución entre el 18 de marzo y el 30 de abril de 2020

  1. Plazos para interponer recursos y reclamaciones económico-administrativas

Estos plazos no empezarán a contar, cuando se produzcan a partir del 18 de marzo, hasta el 30 de abril.

a) Sin embargo, no parece recogida una ampliación del plazo para recurrir o reclamar si el mismo ha empezado a correr antes de hoy, aunque, con la redacción que contiene la norma, alguien podría interpretar que también en este caso se inicia el 30 de abril, aunque en realidad se hubiera producido la notificación con anterioridad y ya se hubiera iniciado.

b) Así, por ejemplo, si se notifica al contribuyente la desestimación de un recurso de reposición el 20 de marzo, el mes para reclamar al Tribunal Económico-Administrativo no comienza a contarse hasta el 30 de abril.

  1. Plazos Catastro

Se amplían los plazos para atender los requerimientos y solicitudes de información formulados por la Dirección General del Catastro que se encuentren en plazo de contestación a 18 de marzo.

Cuando el Catastro comunique actos de apertura de trámite de alegaciones o de audiencia a partir de hoy, 18 de marzo, el plazo para ser atendidos finalizará el 20 de mayo de 2020.

También en este caso, el período comprendido desde el 18 de marzo y hasta el 30 de abril de 2020 no computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos iniciados de oficio.

 

 

Eugenio Pedreño.
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