CORONAVIRUS (II)

Resumen de las principales medidas recogidas en el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19:

 

  1. Limitación de la libertad de circulación de personas.

Durante la vigencia de esta norma las personas solo podrán circular por las vías de uso público para realizar determinadas actividades como adquisición de alimentos, medicamentos o productos de primera necesidad, asistencia a centros sanitarios, asistencia a mayores, menores o personas discapacitadas, desplazamiento a entidades financieras o a trabajar, y haciéndolo individualmente. Estos desplazamientos se podrán hacer en vehículos particulares, si bien el Ministro del Interior podrá acordar el cierre de determinadas vías.

 

  1. Requisas temporales y prestaciones obligatorias.

Las podrán acordar las autoridades competentes delegadas (Ministra de Defensa, y Ministros del Interior, Transportes y Sanidad) cuando dichas medidas sean necesarias para la consecución de los fines de esta norma.

 

  1. Medidas en el ámbito educativo y de la formación.

Se suspende esta actividad de manera presencial, manteniéndose las modalidades a distancia y “online”.

 

  1. Medidas de contención en el ámbito comercial, cultural, recreativo, hostelería y restauración y otras actividades adicionales.

Se suspende la apertura al público de locales minoristas, con la excepción de algunos como los de alimentación, bebidas (sin poder consumirlos dentro del establecimiento) y bienes de primera necesidad, farmacias, médicos, de equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, comercio por internet, etc.

Se advierte de que la permanencia en estos establecimientos sea la mínima y que se mantenga la distancia recomendada.

También se suspenden las actividades de hostelería, restauración (salvo servicio de entrega a domicilio) y no se podrán abrir los museos, archivos y bibliotecas.

 

  1. Medidas de contención en relación a los lugares de culto y con las ceremonias civiles y religiosas.

Quedan condicionadas a la posibilidad de que se pueda garantizar la distancia de seguridad entre los asistentes.

 

  1. Medidas para reforzar el Sistema Nacional de Salud.

Se someten todas las autoridades sanitarias al Ministerio de Sanidad, pudiendo éste distribuir los medios técnicos y personales en todo el territorio según las necesidades que se produzcan. El Ministerio podrá ejercer las facultades necesarias respecto a los servicios sanitarios privados.

Asimismo, podrá impartir órdenes para asegurar el abastecimiento de productos sanitarios, ocupar industrias, fábricas, explotaciones, así como centros que presten servicios sanitarios y los del sector farmacéutico.

 

  1. Medidas en materia de transporte.

El Ministerio de Transporte asume amplias competencias en materia de movilidad, estableciendo, en algunos casos, la reducción en el transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios, aéreo y marítimo de, al menos, el 50%.

Se obliga a los operadores de los servicios de transporte a una limpieza diaria de los vehículos y, cuando el servicio, por el billete otorgue una plaza sentada, los operadores tomarán las medidas necesarias para procurar la máxima separación entre pasajeros.

 

  1. Medidas para garantizar el abastecimiento alimentario, el tránsito aduanero y el suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo y gas natural.

Las autoridades competentes adoptarán las medidas necesarias para ello.

 

  1. Medios de comunicación.

Quedan obligados a la inserción de anuncios o comunicaciones que las autoridades consideren necesario emitir.

 

  1. Régimen sancionador.

El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la Autoridad competente en el estado de alarma será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes.

Si estos actos fuesen cometidos por funcionarios, las Autoridades podrán suspenderlos de inmediato en el ejercicio de sus cargos, pasando, en su caso, el tanto de culpa al juez, y se notificará al superior jerárquico, a los efectos del oportuno expediente disciplinario.

Si fuesen cometidos por Autoridades, las facultades de éstas que fuesen necesarias para el cumplimiento de las medidas acordadas en ejecución de la declaración de estado de alarma podrán ser asumidas por la Autoridad competente durante su vigencia.

 

  1. Suspensión de plazos procesales Para todos los órdenes jurisdiccionales, respecto a leyes procesales:
  • Se suspenden los términos de los plazos.
  • Se suspenden e interrumpen los plazos.
  • El cómputo de plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia este Real Decreto (el 30 de marzo próximo) o, en su caso, las prórrogas La suspensión e interrupción, en la jurisdicción penal, no se aplicará en determinados procedimientos y actuaciones especialmente delicados. También podrá acordar el juez o tribunal instructor la práctica de actuaciones que, por urgencia, sean inaplazables. Tampoco se aplicará en otros órdenes jurisdiccionales en determinados supuestos. Aparte de lo anterior, el juez o tribunal podrá acordar la práctica de cualesquiera actuaciones judiciales que sean necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses legítimos de las partes en el proceso.
  • Se limita el acceso de profesionales y ciudadanos a las sedes judiciales salvo para aquellos trámites imprescindibles e inaplazables. Cualquier otra gestión deberá realizarse vía LexNET o por vía electrónica o telefónica.

 

  1. Suspensión de plazos administrativos.

Para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público (excepto en procedimientos y resoluciones referidos a situaciones vinculadas al estado de alarma):

  • Se suspenden los términos de los plazos.
  • Se interrumpen los plazos.
  • El cómputo de plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia este Real Decreto (el 30 de marzo próximo) o, en su caso, las prórrogas.
  • No obstante, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que este manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo. Así, si teníamos plazo de un mes, por ejemplo, para interponer recurso de reposición o una reclamación económico-administrativa contra un acto administrativo de liquidación tributaria, el día 14 se interrumpió hasta el 29 de este mes y, a partir de esa fecha, nos restarán para recurrir o reclamar los días que faltaban para completar el mes.

Lo mismo puede ocurrir con el plazo para el pago de una deuda o cualquiera otro, como el que nos hayan dado para aportar documentación en un procedimiento de inspección.

Respecto a los plazos de autoliquidaciones y declaraciones informativas como el modelo 720, estamos a la espera de que una norma o la AEAT aclare si quedan afectados por la suspensión de los plazos.

 

  1. Suspensión de los plazos de prescripción y caducidad.

Estos plazos de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma.

Por lo tanto, tanto el plazo de prescripción de 4 años que tiene la Administración para determinar la deuda tributaria o para exigir el de las deudas liquidadas, como el correspondiente al derecho de los contribuyentes a solicitar devoluciones o a obtenerlas, se interrumpieron el sábado y, en principio, hasta el día 29 de este mes, continuándose con el cómputo a partir de dicha fecha.

Esta circunstancia obliga a revisar, a partir de ahora, todos los plazos de prescripción que a día 14 estaban corriendo, dado que su final quedará desplazado en los días en que estuvo suspendido.

La Agencia Tributaria ha comunicado que sus Oficinas estarán temporalmente cerradas para atención presencial debido al estado de alarma declarado mediante RD 463/2020, cuya Disposición Adicional Tercer establece la suspensión de plazos y que, en este sentido, “los plazos en los procedimientos tributarios van a ser ampliados mediante la tramitación de una norma legal tributaria inminente”. En tanto se aprueba el cambio normativo la Agencia es consciente de la situación y no considerará incumplido el plazo si existe algún trámite pendiente y, en caso de tener una cita pendiente se podrá obtener más adelante una nueva.

Para cualquier información adicional, se puede acceder a: www.agenciatributaria.es y llamar a los teléfonos 9011335533 y 915548770.

Las empresas podrán adoptar medidas organizativas o preventivas de manera temporal, que puedan evitar el contacto social sin la necesidad de paralizar su actividad.

El teletrabajo se establece como una medida organizativa temporal que implica la prestación de servicios fuera del centro de trabajo habitual y que podría adoptarse por acuerdo colectivo o individual, con carácter excepcional, para el desarrollo de tareas imprescindibles que no puedan desarrollarse en el centro físico habitual, una vez ya se hayan establecido las precauciones necesarias de tipo sanitario y preventivo.

En el supuesto de que el trabajador muestre su voluntariedad al respecto, cabe conceder vacaciones a los empleados como medida preventiva para frenar el contagio del COVID19. La norma establece que el periodo vacacional se deberá pactar entre el empresario y el trabajador, de mutuo acuerdo y con un periodo de antelación de 2 meses al disfrute de las mismas, pero si el trabajador muestra su voluntariedad sobre esta medida, no existiría impedimento.

Por último, si la empresa se ve en la necesidad de suspender la actividad de manera total o parcial, podrá hacerlo conforme a los mecanismos previstos en la normativa laboral vigente, y por las causas contempladas en la misma. Los Expedientes de Regulación de Empleo se han convertido en un concepto de creciente interés. Si bien se prevé que en los próximos días se publique en el BOE alguna normativa que pueda variar en algo el procedimiento para agilizarlo, este procedimiento es muy especial, y no supone una tramitación ágil.

Debemos distinguir entre ERES (Art. 51 Estatuto de los Trabajadores), y ERTES (Artículo 47 Estatuto Trabajadores).

El Real Decreto 1483/2012 de 29 de octubre aprueba el reglamento de los procedimientos de despido colectivo, y de suspensión de contratos y reducción de jornada fija, y establece tanto los procedimientos a seguir, como la documentación que deben presentar las empresas en ambos casos.

Un Expediente de Regulación Temporal de Empleo es un mecanismo legal por el que las empresas pueden suspender contratos de trabajo o reducir jornadas de manera temporal, cuando atraviesen por dificultades técnicas, organizativas que pongan en riesgo la continuidad de la compañía.

Las diferencias con los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) son las siguientes:

  • Un ERTE es temporal, el trabajador vuelve tras un periodo de tiempo a la empresa, mientras que en un ERE el despido es definitivo.
  • En un ERTE no se tiene en cuenta el nº de trabajadores de la empresa, mientras que en un ERE sí.
  • En el ERTE el empleado no cobra ninguna indemnización (si tienen derecho cobrarían el paro en ese periodo), y en el ERE los empleados cobran como mínimo 20 días de salario por año de servicio.
  • Por causas de fuerza mayor, la empresa puede solicitar a las Consejerías de Trabajo que decidan aplicar un ERTE en un plazo máximo de 5 días. La duración no está establecida en ninguna norma, y se determina entre la empresa y los representantes de los trabajadores o, en su defecto, lo puede determinar la autoridad laboral.

Se inicia mediante solicitud a la autoridad laboral (en este caso que justifiquen la causa de FUERZA MAYOR) y debe comunicarse fehacientemente y de manera simultánea a la solicitud, a los trabajadores o a sus representantes si los hay

En el terreno financiero se establecen las siguientes medidas:

  1. Línea de financiación específica a través del Instituto de Crédito Oficial por importe de 400 millones de euros para atender las necesidades de liquidez de las empresas y trabajadores autónomos del sector turístico, así como de las actividades relacionadas que se estén viendo afectadas por la actual situación.
  2. Aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso, en los préstamos concedidos por la Secretaría General de Industria y Pyme. Los beneficiarios de concesiones de los instrumentos de apoyo financiero a proyectos industriales podrán solicitar el aplazamiento del pago de principal y/o intereses de la anualidad en curso, siempre que su plazo de vencimiento sea inferior a seis meses a contar desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, cuando la crisis sanitaria haya originado en dichos beneficiarios periodos de inactividad, reducción en el volumen de las ventas o interrupciones en el suministro en la cadena de valor que les dificulte o impida atender al pago de la misma.

La Comisión Nacional de Mercado de Valores:

  1. Prohíbe temporalmente las ventas en corto sobre acciones de 69 sociedades cotizadas.
  2. Realiza determinadas consideraciones sobre las juntas generales de sociedades cotizadas.

La Autoridad Europea de Valores y Mercados, ESMA, ha realizado, asimismo, algunas recomendaciones a los participantes del mercado.